La oposición de Guadix pide que se paralice la licencia de demolición del edificio de la Estación

TORCUATO FANDILA

Los portavoces demandan que se solucionen los problemas de insalubridad de la infraestructura en lugar de proceder a su derribo

Los partidos de la oposición de Guadix (PSOE, Izquierda Unida y Gana Guadix) se han reunido esta mañana frente a la Casa Caballero, el edificio centenario del barrio de la Estación que se tiene previsto demoler, con el objetivo de presentar una moción conjunta y urgente para que se paralice el expediente de licencia municipal de derribo de la infraestructura, propiedad de Adif. Por este motivo, han propuesto que se lleve a cabo una valoración técnica del estado del mismo para que se atienda a los problemas de salubridad que tiene, por lo que piden a Adif que actúe con sensatez y que se trabaje en el edificio en lugar de derribarlo.

Los portavoces de los distintos partidos se reunieron ayer con el equipo de gobierno de la ciudad para realizar esta serie de propuestas y llegar a un acuerdo para que se inicie una negociación con Adif para el mantenimiento del edificio. «Se ha dado un paso importante para llegar a una solución», ha indicado el portavoz de Izquierda Unida en Guadix, Manuel Ortiz. El primer edil, Jesús Lorente, ha asegurado que de momento no van a otorgar la licencia para el derribo.

La portavoz del PSOE, Belén Porcel, ha destacado que la decisión de Adif es «drástica» y «desproporcionada» y que se debe trabajar en subsanar los problemas de insalubridad que presenta la infraestructura. Desde Gana Guadix también han insistido en la necesidad de otorgar protección a los inmuebles que están fuera del casco histórico y conseguir así una catalogación patrimonial de los mismos. «No podemos permitir que infraestructuras como la Azucarera o la Estación se echen abajo», ha indicado Eduardo Jiménez.

En este sentido, también han asegurado que confían en conseguir una solución con la unión de los vecinos y las asociaciones para evitar el derribo, por lo que han demandado que el edificio pase a propiedad municipal para su uso como centro social -ya lo hizo hasta 1988- o exposición sobre el ferrocarril.

Por su parte, Adif ha afirmado a este periódico que si alguna institución o el propio Ayuntamiento del municipio está interesado en adquirir el inmueble está abierto a las negociaciones ya que la decisión de proceder a su derribo se debe a la incapacidad económica para hacer frente a los problemas de mantenimiento del mismo.