El interventor de Diputación pide al grupo del PP que devuelva parte de las ayudas

Se trata de actuaciones de control financiero sobre la aplicación y justificación por los beneficiarios de ayudas y subvenciones concedidas por la propia Diputación con cargo a sus presupuestos generales. Cada grupo recibe cantidades diferentes en función del número de diputados y van desde los 243.600 euros del PSOE a los 56.400 de Vox, pasando por los 157.200 asignados al Partido Popular, entre otros. En las normas se advierte que no se puede gastar este dinero en adquirir bienes que constituyan activos fijos de carácter patrimonial, ni en la remuneración de personal y que debe destinarse a gastos propios del grupo provincial y no del partido político.

En la intervención el punto más polémico es, precisamente, el dinero que se transfiere del grupo popular al partido para funcionamiento de la organización y que el interventor considera que no encaja en los usos de la ley si no está debidamente argumentado y desglosado. El PSOE lo detalla en un convenio y el PP no.

Este punto iba al pleno de la Diputación este jueves con un informe en el que el interventor pedía al PP que se reintegrasen 150.000 euros. El martes a las 21.30 de la noche la portavoz del grupo popular presentó una declaración responsable para justificar las transferencias del grupo popular al partido; en total, 145.000 euros. El interventor lo incorporó ayer, pocas horas antes del pleno, pero pese a todo insiste en que hay 9.673 euros que no están justificados; técnicamente, que no son «financiables».

Gasolina y cestas de Navidad

Esos 9.673 se componen de 5.536 de gastos de otros años que no se corresponden con el ejercicio presupuestario de 2020 y 4.137 por gastos menudos de locomoción, actos, comidas… También aparecen cestas de Navidad. El interventor no acepta el gasto justificado de esta cantidad por diferentes razones: facturas que no cumplen los requisitos legales, otras que no son legibles, no se aportan directamente o no se identifica el motivo del gasto o los destinatarios de algunos regalos. Aparece además abonos por gasolina que no se justifica para qué coches es, siempre según la auditoría.

Este jueves se planteará en el pleno que se ponga orden en las transferencias que realizan los grupos políticos de la Diputación a los partidos, ya que son cantidades muy abultadas.

El interventor dice que, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de cuentes, las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y sus grupos institucionales deben formalizarse mediante convenios en los que se recojan los servicios concretos que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios.

Dicha valoración económica debería estar soportada con registros contables y documentos probatorios (contratos, facturas, recibos, pagos, etc.) que permitan contrastar los costes realmente imputados por el partido al grupo.

El interventor dice por tanto al PP que debería aportarse por el grupo, para justificar el importe de 145.000 euros transferido al partido, facturas año 2020 o documentos equivalentes que contengan los requisitos exigidos por la legislación vigente y estén emitidas por el partido a nombre del grupo político provincial.

Dentro de la auditoría se desprende que a Ciudadanos le sobraron en 2020 40.736 euros y que Vox tiene también 7.083 gastos que no son financiables porque se han gastado en cuestiones indebidas como donaciones a entidades benéficas.