El Gobierno declarará «incompetente» a Castilla y León si vulnera la ley del aborto

Alfonso Fernández Mañueco, este lunes durante la declaración institucional. / MIRIAM CHACÓN/ICAL

Evita dar por buena la afirmación del presidente de la Junta de Castilla y León de que ni hay ni se está tramitando protocolo alguno respecto a las mujeres que desean interrumpir su embarazo

El Gobierno de Pedro Sánchez no da por cerrada su pugna con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a cuenta del supuesto plan antiabortista anunciado la semana pasada por el vicepresidente de la comunidad, el dirigente de Vox Juan García-Gallardo. Un día después de que el barón popular afirmara que ni hay ni se está tramitando protocolo alguno que «pueda suponer coacciones directas o indirectas» a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, el Ejecutivo informó de que ha decidido enviar un segundo requerimiento a las autoridades autonómicas en menos de 48 horas.

Si el aviso remitido el domingo, del que Mañueco dijo ayer no tener aún constancia oficial, amagaba con llevar al Gobierno de Castilla y León a los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo, el que acordará hoy el Consejo de Ministros amenaza con plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Se trata, en todo caso, de un paso inusual, dada la ausencia de una «disposición o resolución» (como contempla la ley orgánica del TC en su artículo 62) por parte el Consejo de Gobierno autonómico, y con más carga política que jurídica.

Los socialistas han encontrado en la polémica generada por García-Gallardo, quien sostiene que a partir de ahora los médicos estarán obligados a ofrecer a las mujeres que deseen abortar una ecografía en 4D y oír el latido del feto, material para volver a izar la bandera de la defensa de las mujeres en plena controversia por los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’.

El su nuevo requerimiento, el Ejecutivo advierte al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de que carece de competencias para emprender acciones que «menoscaben» la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo o el real decreto ley que la desarrolla y da un plazo de un mes a la administración autonómica para contestar, antes de llevar el asunto ante el TC. En el mismo escrito (formalmente, un requerimiento de incompetencia) subraya que la advertencia afecta a cualquier tipo de actuación, incluidas las «constitutivas de vía de hecho». Un modo de salvar la inexistencia de un documento escrito del Gobierno castellano-leonés sobre el asunto.

En el Gobierno sostienen que hay razones para seguir recelando sobre las intenciones del Ejecutivo de coalición de PP y Vox porque las explicaciones dadas tanto por el consejero de Sanidad como por Mañueco y García-Gallardo han sido hasta ahora confusas y contradictorias. El sábado el presidente de la Junta dijo que el protocolo solo se aplicaría si las mujeres lo solicitaban bajo criterio médico y este lunes, en cambio, hizo hincapié en que no hay tal protocolo; dos versiones distintas.