El Gobierno alcanza un acuerdo para aprobar la ley de vivienda con EH Bildu y ERC

El principal escollo, hasta el último momento, ha sido la cifra en la que situar el tope a los precios del alquiler para la renovación de contratos. Finalmente este quedará fijado en el 3% en 2024 y, posteriormente, se revisará en base a los índices autonómicos.

«Hemos alcanzado con el Gobierno un acuerdo que por fin regula el alquiler y pone coto a las subidas descontroladas. Estamos ante un acuerdo importante, de enorme trascendencia en lo social y lo político por cómo mejorará la vida de los ciudadanos», ha explicado este viernes en rueda de prensa en el Congreso el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, que estaba acompañado de la diputada de Grupo Republicano, Pilar Vallugera.

La parlamentaria de ERC ha desgranado la letra pequeña del acuerdo, como que la consideración de gran tenedor de vivienda baja de los diez a los cinco inmuebles en zonas tensionadas, que los gastos y honorarios inmobiliarios deberán ser abonados por el propietario, o que la fecha exacta de los desahucios, a partir de la entrada en vigor de la ley, deberán ser comunicada previamente. «Esto no se parece en absoluto a lo que se pactó en el Consejo de Ministros con lo que hemos conseguido tras una larga negociación con discreción», ha señalado Vallugera.

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Otra de las cuestiones es que la norma, al aprobarse, dejará de ser estatal para pasar a estar gestionada por las comunidades autónomas, por lo que la declaración de zonas tensionadas será voluntaria por parte de los gobiernos autonómicos y municipales. Sobre este aspecto, Matute cree que esta decisión incidirá en los resultados electorales. «Si alguna comunidad autónoma decidiera no aplicarlo, yo me preguntaría qué clase de gobernante tengo, si prefieren secar Doñana o tomar cañas, antes que la gente tenga dinero para pagar el alquiler. Lo que no vamos a hacer es socavar nuestro autogobierno para entregar nuestra pequeña soberanía. Aquí la ciudadanía tiene una herramienta muy importante para evaluar a sus gobernantes, y parece que la vivienda es muy importante en las encuestas», ha zanjado el portavoz abertzale.

PSOE y Unidas Podemos acercaron posturas en los últimos días para presentarse ante el electorado el próximo 28 de mayo con la ley de vivienda aprobada. Socialistas y morados consideran la cuestión del alquiler como un «revulsivo electoral» para la campaña de las autonómicas y municipales y han acelerado tras Semana Santa las negociaciones de la norma que más se le ha atragantado al Gobierno en esta legislatura, con 866 enmiendas registradas y numerosos escollos en el camino. Fuentes cercanas a las conversaciones explicaron este jueves a este periódico que el desenlace pasaba porque Esquerra y EH Bildu, parte activa en esta cuestión, aceptase cerrar «los últimos flecos» con los socialistas. En ese caso, Podemos también daría su visto bueno, algo que se ha precipitado este viernes. «Nuestro objetivo es que la ley fuera palpable en la realidad, y que los topes al alquiler entraran, siempre por debajo del IPC en las actualizaciones», justificaba Vallugera para explicar su adhesión al pacto.

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y por parte del grupo parlamentario de EH Bildu evitan desvelar todavía la letra pequeña. La líder gallega pidió hace un mes una reunión con Pedro Sánchez para zanjar de una vez el desbloqueo de la ley y este jueves socialistas y morados reconocían «avances».

Un largo camino

Este arduo camino que empezó en otoño de 2020, con José Luis Ábalos, entonces como ministro de Transportes, negociando con Ione Belarra, que no era aún ministra, sino secretaria de Estado para la Agenda 2030. Lo cierto es que ambas alas del Gobierno volvieron al trabajo en enero «muy esperanzados» sobre esta cuestión –«se va a aprobar pronto», repetían–, incluso desde Moncloa se solicitó a la presidenta del Congreso, Mertitxell Batet, habilitar el mes de enero para imprimir velocidad a la tramitación de la ley. Sin embargo, las negociaciones se empantanaron, una vez más, por la diferencia en torno al tope a los alquileres en las zonas tensionadas, la clave de bóveda de las discrepancias.

A principios de marzo, cuando el Ministerio de Transportes, del que depende directamente la norma, dio luz verde al borrador, la pelota pasó al Ministerio de Economía, desde donde la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lanzó una propuesta para elevar los topes al 3% en el caso de la renovación de contratos de alquiler, pero de forma temporal. Un mensaje que cayó como un jarro de agua fría en el sector morado, donde pugnaban por convertir en estructural el tope que actualmente se recoge en la prórroga del decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Podemos elevó el tono para presionar al PSOEcon la cuestión, insinuando que su relación con el exministro del PSC, Joan Clos, actual presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, actuaba como un freno a la norma. «Pedimos a los socialistas que la aprueben, aunque sea por electoralismo», pronunció la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un acto del partido dedicado a vivienda y en el que desplegaron un duro mensaje contra su socio.

Por parte del PSOE, su secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya adelantaba este jueves que el acuerdo podría ver la luz en los «próximos días». Prueba de la importancia que los socialistas quieren dar a la vivienda en la campaña es que en su programa marco para las municipales, que presentarán y debatirán este fin de semana en un multitudinario cónclave del partido en Valencia, y en el que incluirán propuestas relativas al alquiler de vivienda social y otras iniciativas destinadas a frenar la proliferación de pisos turísticos y evitar, de este modo, la «expulsión de vecinos» por el encarecimiento de las rentas.