Corte de Copiapó dictó orden de no innovar y suspendió proceso de licitación del litio
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió esta jornada a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas (independiente), que buscaba suspender la adjudicación de la licitación pública de los yacimientos de litio en el país.
El tribunal de alzada, además, dictó una orden de no innovar, por lo que se suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.
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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 14, 2022
La acción judicial presentada por Vargas iba dirigida contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la misma cartera, Edgar Blanco, aludiendo a una serie de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
“El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso”, planteó Vargas.
La autoridad regional añadió que “lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país”.
Cabe recordar que el recurso fue presentado el martes 11 de enero y, al día siguiente, el Ministerio de Minería dio a conocer los resultados de la licitación del litio a dos empresas: la multinacional china ByD y la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.
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