Andalucía aprueba más de 1.800 nuevas plazas de empleo público

Andalucía ha anunciado nuevos puestos de trabajo de empleo público. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 para la Administración General de la Junta de Andalucía, en la que se incluyen todas las plazas ocupadas con carácter temporal durante 2021 y que actualmente continúan en esta situación, así como puestos en cuerpos, grupos y categorías profesionales en los que se han detectado necesidades organizativas.

De las 1.843 plazas, 960 corresponden a funcionarios (745 de acceso libre y 215 para promoción interna) y 883 a personal laboral (745 de acceso libre y 138 de promoción interna). Una oferta que previamente se ha negociado con los sindicatos tanto en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General, como en la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral.

El objetivo de esta OEP es avanzar en la reducción de la tasa de temporalidad en la Administración Pública andaluza y responder a las necesidades organizativas y la planificación para ofrecer servicios públicos ágiles y de calidad a la ciudadanía. Para determinar el número de plazas se ha aplicado la tasa de reposición establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022: un 120% en los sectores prioritarios y 110% para el resto.

Como sectores prioritarios, la ley considera los servicios destinados al control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos humanos; el asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos; los servicios de prevención y extinción de incendios; la asistencia directa a la ciudadanía en servicios sociales, transporte público, seguridad, emergencias, gestión de prestaciones y políticas activas de empleo; así como las áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Así, la OEP incluye plazas para el Cuerpo Superior de Administradores (tanto Administradores Generales como de Gestión Financiera) y una veintena de cuerpos superiores facultativos como Arquitectura Superior, Ingeniería, Farmacia, Biología, Medicina, Psicología, Inspección Médica y Farmacéutica, Letrados de la Junta de Andalucía y del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. En el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio se convocan plazas en 17 especialidades como Arquitectura y diferentes Ingenierías Técnicas, Enfermería, Pesca, Trabajo Social, Turismo, Educación Social, Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

En el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, el Decreto recoge plazas relacionadas con los servicios de prevención y extinción de incendios, como las de la especialidad de Agentes de Medio Ambiente. Por último, la oferta para el personal funcionario se completa con plazas en los Cuerpos Generales de Administrativos y Auxiliares Administrativos.

Respecto al personal laboral, el Gobierno andaluz ha apostado por la incorporación de nuevos efectivos a la prestación de servicios tan esenciales como son la sanidad, la asistencia social y la educación. Y al igual que con el personal funcionario, se ofertan plazas en las categorías profesionales que arrastran mayor índice de temporalidad y con más necesidades de refuerzo de personal.

10% para personas con discapacidad

El Decreto eleva a un 10% la reserva de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad (por encima del 7% que impone la normativa estatal) de las que el 2% de las plazas son para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. En caso de no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% del total de puestos no cubiertos.

Asimismo, se podrán establecer medidas de acción positiva para el sexo femenino o masculino en los procesos selectivos de aquellos cuerpos, grupos o categorías en los que alguno de ellos esté especialmente subrepresentado.

Además, el Decreto tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de género, para evitar cualquier elemento discriminatorio. Y se mantiene la obligatoriedad a todos los aspirantes de relacionarse electrónicamente para participar en los procesos selectivos en aras de avanzar en la digitalización y la sostenibilidad.